Aftosa: cuando la desregulación huele a concentración y corrupción

Aftosa: cuando la desregulación huele a concentración y corrupción 

Hay dos formas de romper un sistema sanitario. 

Una es dejarlo pudrirse desde adentro, mirando para otro lado mientras los actores que lo integran lo convierten en caja propia. La otra es intervenirlo desde afuera, con un decreto en X, para reordenar el negocio a favor de los mismos de siempre. En la Argentina de 2026, ambas cosas están ocurriendo al mismo tiempo. Y el campo de batalla se llama fiebre aftosa. El modelo argentino de erradicación de la aftosa fue, durante décadas, un caso de éxito internacional. Un esquema público-privado que le devolvió al país el estatus sanitario que abre los 92 mercados de exportación de carne, incluido el europeo. Eso no se discute. Lo que sí se discute —o debería discutirse, aunque nadie quiere hacerlo en voz alta— es qué pasó cuando ese esquema se convirtió en un sistema cerrado donde los entes y fundaciones, manejados por los propios productores a través de las sociedades rurales locales, terminaron operando como canal único de vacunación en su zona. 

Los precios de aplicación variaban de manera difícil de explicar entre una fundación y otra. Los laboratorios que proveen la vacuna —con Biogénesis Bagó liderando el mercado cautivo— nunca enfrentaron competencia real. Y cuando alguna voz se atrevía a denunciar abusos, se desactivaba rápido, por la vía simple de que las mismas entidades gremiales que integran el sistema son las que también lo auditan. En el medio, la zonificación. Patagonia al sur del Río Colorado, libre sin vacunación, con precios distintos y una escala competitiva propia. El resto del país, vacunando dos veces al año y financiando con ese esquema todo el aparato de fundaciones. Ese desbalance nunca se resolvió institucionalmente porque resolverlo implicaba tocar intereses muy concretos de muy pocas personas. Se pateó. Durante veinte años se pateó. Y en ese terreno blando, donde nadie quiso corregir nada por miedo a perder su parte, aterrizó Federico Sturzenegger. Primero fue la Resolución 711/2025, que eliminó la vacunación de categorías adultas desde la segunda campaña de 2026, anunciada no por el SENASA ni por la Secretaría de Agricultura sino por Luis Caputo en Twitter. Después, la Resolución 201/2026, que habilita a los productores a elegir directamente al veterinario acreditado y comprar la vacuna por fuera de las fundaciones. 

El expresidente del SENASA Bernardo Cané —el hombre que erradicó la aftosa en los noventa— la calificó de "inconsulta, incorrecta y que debilita el sistema público-sanitario". CARBAP habló de medida improvisada. El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense denunció "anteojeras ideológicas". La Sociedad Rural de Nicolás Pino, única entidad que la respaldó sin reservas, apareció en la foto junto al gobierno. Y acá hay que parar a pensar qué está ocurriendo realmente. Porque lo que Sturzenegger presenta como "liberalización" y "rendimientos crecientes" es, leído con otros ojos, la sustitución de un oligopolio por otro. Las fundaciones que hoy monopolizan la aplicación en el interior bonaerense y pampeano son un poder concentrado local. Pero los que van a capitalizar la desregulación no son los pequeños productores que hacen punta del discurso oficial: son los grandes frigoríficos exportadores y los laboratorios que, con menos controles de trazabilidad, operan más cómodos. Diez grupos frigoríficos —entre ellos Swift de Minerva, Quickfood de Marfrig, Coto, La Anónima, Rioplatense, Gorina y ArreBeef— concentran el 55% de las cuotas de exportación y el 61% de la Hilton. 

Ese club se llama Consorcio ABC. Lo preside desde principios del milenio Mario Ravettino, un abogado sin planta propia que viene siendo interlocutor privilegiado de todos los gobiernos: menemista, delarruista, kirchnerista, albertista, ahora mileísta. Ravettino es el eje que no cambia nunca, la figura que cruza todas las gestiones operando sobre las resoluciones que distribuyen los cupos, las normas sanitarias del SENASA y los acuerdos de precios. Y acá es donde los fantasmas argentinos vuelven puntuales a la cita. Cané fue presidente del SENASA en los noventa. Terminó enfrentado con Felipe Solá, entonces secretario de Agricultura y después gobernador bonaerense, por la interna política y la administración del éxito sanitario. Con la asunción de Cavallo bajo De la Rúa, Cané volvió al organismo: volvió porque la aftosa también había vuelto, y había vuelto —según el propio Cané denunciaría después— por el ocultamiento deliberado de casos entre 1997 y 2001, cuando la interferencia política sobre la Secretaría de Agricultura había desmontado en los hechos la campaña de vacunación. El brote explotó sobre esa mentira administrada durante cuatro años. Ese es el dato incómodo que nadie cita cuando celebra el "modelo argentino": el modelo actual nació de una catástrofe que fue producto, precisamente, de la primera desregulación. Ya lo vivimos. Y salió mal. En ese mismo ciclo aparece el episodio que el sector recuerda pero no pronuncia: el caso del Samsonite, la valija, que dejó a Cané pegado con Ravettino por la Resolución 1 que redistribuyó la cuota Hilton dejando frigoríficos sin cupo. 

Quien quiera entender cómo funciona realmente la carne argentina tiene que volver a ese episodio. Porque la trama Hilton —las sospechas que rodean desde siempre ese reparto, las denuncias de reinscripciones de Renspa para colar campos en el cupo, las operaciones sobre el SENASA para fijar pautas sanitarias hechas a medida de quien paga el lobby— no es un accidente del sistema. Es el sistema. Y hoy ese sistema está recalibrándose con un SENASA que, según describen fuentes del propio sector, tiene a su presidenta Pilu Giraudo lejos del centro de las decisiones. El SENASA real, el que maneja la operatoria, lo articulan directamente Sturzenegger, Pino y Ravettino. Los técnicos que se plantaron, como Pablo Cortese, recibieron cartas documento de tenor amenazante en sus domicilios. Renunciaron. Esta es la parte que hay que decir con todas las letras. La "desregulación" de la aftosa no es un debate técnico sobre epidemiología ni una discusión honesta sobre costos de vacunación. Es una operación de reacomodamiento del poder dentro de la cadena cárnica argentina, donde los mismos apellidos que llevan veinte años administrando los beneficios se están reposicionando para los próximos veinte. Sturzenegger aporta el decreto y el relato ideológico. Pino aporta la legitimidad institucional. Ravettino aporta lo que aporta siempre: la continuidad del lobby que no se mueve nunca del lugar. Los grandes perdedores van a ser, como siempre, los mismos. 

Los pequeños y medianos productores que van a quedar expuestos a un mercado de vacunación sin control de cadena de frío ni registro fehaciente de aplicaciones. Los frigoríficos pequeños no asociados al ABC, que seguirán fuera del negocio de la Hilton por "past performance" que nunca podrán construir. Los técnicos del SENASA que reciben cartas documento por hacer su trabajo. Y el país entero, que si un brote se filtra por alguna grieta del sistema desmontado, va a pagar con el cierre de 92 mercados lo que unos pocos se ahorraron en dosis. El coloso no entró a corregir desviaciones. Entró a profundizarlas con otro nombre. Y los que deberían haberse plantado hace diez años —las entidades, los funcionarios, los gobernadores, la academia del sector— miraron para otro lado durante demasiado tiempo. Hoy protestan tarde. La aftosa no es una enfermedad del ganado. Es la enfermedad crónica del poder argentino: la captura, el lobby, la valija, la resolución a medida, la memoria corta. Volvió una vez en 2001. Si volvemos a mirarnos el metro cuadrado mientras los de siempre reparten el fogón, va a volver de nuevo. 

Y esta vez ya no vamos a poder decir que no sabíamos quiénes operaban la jeringa.